Economía

El Gobierno no informa sobre los conflictos de intereses de altos cargos como exige la Ley

No ha remitido al Congreso un informe sobre la materia que debía haber estado listo en febrero

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El Gobierno no informa sobre los conflictos de intereses de altos cargos como exige la Ley
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Rajoy y Montoro afrontan una votación de Presupuestos de infarto EFE

Resumen:

El Gobierno aún no ha remitido al Parlamento el preceptivo informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa sobre transparencia y conflicto de intereses entre intereses privados y públicos de los altos cargos del Estado que debía haber enviado en el mes de febrero.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaban hace casi un mes a El Independiente que la demora se debe a la parálisis política del pasado año y que su publicación era “inminente”. A día de hoy esa sigue siendo la respuesta sin que desde el Gobierno concreten en qué instancia se encuentra el informe o su grado de elaboración.

El artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado dispone que, para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades, la Oficina de Conflictos de Intereses, inscrita en el Ministerio de Hacienda, elevará al Gobierno dicho informe cada seis meses para su remisión después al Congreso de los Diputados.

El Gobierno aún no ha remitido al Parlamento el preceptivo informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa sobre conflicto de intereses de los altos cargos del Estado que debía haber enviado en el mes de febrero.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaban hace casi un mes a El Independiente que la demora se debe a la parálisis política del pasado año y que su publicación era “inminente”. A día de hoy esa sigue siendo la respuesta sin que desde el Gobierno concreten en qué instancia se encuentra el informe o su grado de elaboración.

El artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado dispone que, para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades, la Oficina de Conflictos de Intereses, inscrita en el Ministerio de Hacienda, elevará al Gobierno dicho informe cada seis meses para su remisión después al Congreso de los Diputados.

Concreta, que este documento dará cuenta del cumplimiento por parte de los altos cargos de las obligaciones de declarar en esta materia, así como de las infracciones que hayan cometido y las sanciones que hayan sido impuestas. La Ley es muy precisa al indicar que en dicho documento se identificará a sus responsables.

El artículo 22 de la Ley 3/2015 indica que “dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden, las comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones”, a lo que añade que, “en el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados”.

El Gobierno ha cumplido hasta ahora

Así ha ocurrido hasta ahora. En el último informe, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 20 de julio, hace casi un año, se indica por ejemplo que se había incoado expediente sancionador al embajador de la India Gustavo de Arístegui, en relación con la Ley de conflicto de intereses; o al director general de la Fundación del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, en relación a la normativa sobre transparencia y acceso a la información.

Sin embargo, dado que la Ley obliga a publicar el siguiente informe en los seis meses posteriores, la información correspondiente al segundo semestre del año debería haberse hecho pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y haberse remitido al Parlamento en torno a los primeros días de febrero, como en años anteriores.  Pero casi un año después aún no se ha producido esa publicación, aunque el Ministerio de Hacienda recuerda recoge en su propia página web que está obligado a hacerlo.

Las fuentes consultadas no aclaran si el parón se encuentra en la remisión del informe por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses al Gobierno fruto de un probable retraso a la hora de recabar información. Días antes de que echara a andar este segundo semestre del año tuvieron lugar las elecciones generales del 26 de junio, tras las que se produjo un periodo de interinidad en el Congreso que culminó con la formación de Gobierno en el mes de noviembre.

Bajo el dedo acusador de Bruselas

Esta demora se mantiene pese a que el pasado 22 de mayo se hizo público el informe de recomendaciones específicas de la Comisión Europea en el que se criticaba la falta de control sobre la corrupción en España.

Bruselas elogiaba los progresos realizados por España en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el texto indica que el foco debe ponerse ahora en “la implementación de esas medidas” y cuestionaba la independencia en la recientemente creada Oficina de Conflicto de Intereses, de la que debe emanar el informe que se está demorando.

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