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El juez que investiga al ex jefe del Baloncesto rechaza abstenerse con el apoyo del fiscal

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El juez que investiga al ex jefe del Baloncesto rechaza abstenerse con el apoyo del fiscal
Luis Giménez y José Luis Sáez, ambos investigados en la causa, en la asamblea general de la FEB de 2014.

Luis Giménez y José Luis Sáez, ambos investigados en la causa, en la asamblea general de la FEB de 2014. FEB

Resumen:

El juez que investiga al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez por la posible comisión de siete delitos no ve motivo de abstención y desestima la petición de recusación planteada por el antiguo dirigente deportivo.

Sáez cuestionaba la imparcialidad del magistrado Juan Antonio Toro por haber sido docente en la Universidad en la que ejercía como rector Rafael Cortés Elvira, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y ex directivo de una empresa -Grupo Aegis- a la que alcanzan estas pesquisas.

El magistrado ha sido apoyado por las fiscales del caso, mientras que a la petición del ex mandamás deportivo tan sólo se ha adherido su antiguo ‘número dos’ (Luis Giménez).

La Audiencia de Madrid tendrá que nombrar ahora a un instructor para resolver el incidente de recusación y, hasta entonces, se hará cargo de las actuaciones la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid.

El juez que investiga al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez por la posible comisión de siete delitos no ve motivo de abstención y desestima la petición de recusación planteada por el antiguo dirigente deportivo, que ha cuestionado la imparcialidad del magistrado Juan Antonio Toro por haber sido docente en la Universidad en la que ejercía como rector Rafael Cortés Elvira, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y ex directivo de una empresa -Grupo Aegis- a la que alcanzan estas pesquisas.

En un auto fechado este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid rechaza la existencia de “amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes”, la razón alegada por Sáez para intentar apartar al instructor y una de los 16 posibles causas de abstención y, en su caso, de recusación que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 219. En opinión del ex presidente de la FEB, esa “amistad” procedería del hecho de que Toro fue docente en el departamento de Derecho Civil de la Universidad Camilo José Cela, de la que Cortés Elvira -presidente del CSD entre 1993 y 1996- fue rector entre 2003 y 2012.

Entre los imputados en el caso FEB figura Jesús García, director de servicios especializados de la multinacional Dentsu Aegis Network. Fue una filial de este grupo la contratada por la FEB en vísperas de la Copa del Mundo 2014 para la captación de patrocinadores. La investigación judicial  trata ahora de determinar por qué José Luis Sáez, “de forma unilateral y sin justificación alguna”, elevó del 10 al 12% la comisión que en enero de 2011 pactó con Aegis Media Iberia SLU por su labor de comercialización de activos vinculados a acontecimientos de excepcional interés público -el Mundial 2014- a través de su división Carat Sponsorschip.

El magistrado niega la “amistad íntima” con una parte alegada por José Luis Sáez en su escrito

La petición de Sáez también ha sido combatida por las fiscales asignadas al caso, que tampoco aprecian indicios de esa supuesta amistad alegada por el investigado que inhabilita al magistrado para seguir adelante con las actuaciones. Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, a la petición del ex presidente de la FEB sólo se ha adherido Luis Giménez, ex secretario general y ex director económico de la Federación y también imputado en la causa.

Toro también rebate otra irregularidad atribuida por José Luis Sáez y que, en su opinión, inhabilitaba al magistrado a seguir instruyendo la causa: haber facilitado copia de las actuaciones a José Luis Escañuela, ex presidente de la Federación Española de Tenis y no personado en el procedimiento.

El titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid abrió diligencias previas contra el ex mandamás del baloncesto español a finales del pasado mes de septiembre a raíz de la querella interpuesta por Escañuela contra el entonces presidente del CSD, Miguel Cardenal. El ex dirigente del tenis adjuntó la denuncia que el Comité de Auditoría y Control de la FEB presentó a finales de 2015 ante el CSD por posible uso indebido de fondos del presidente, en un intento de acreditar el doble rasero que Cardenal habría seguido con Sáez -supuestamente más benévolo- y con él, al que llevó ante la Fiscalía Anticorrupción.

La Audiencia de Madrid tendrá nombrará ahora a un instructor para resolver el incidente

Después de rechazar su abstención, el juez Toro ha elevado un informe al presidente de la Audiencia de Madrid, que ahora tendrá que nombrar un instructor para que resuelva la recusación promovida por el antecesor de Jorge Garbajosa al frente de la Federación de Baloncesto. Mientras se ventila este incidente, será la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid la que conozca esta causa.

Inicialmente, la investigación abierta contra Sáez y Giménez trataba de determinar si éstos cometieron delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental a la vista de la auditoría encargada por el CSD tras la denuncia del Comité de Auditoría y Control y que concluyó que Sáez imputó gastos particulares a la FEB. Meses después, el juez Juan Antonio Toro amplió los cargos a blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delito fiscal.

Los gastos del Mundial 2014

El núcleo de la investigación son los ingresos millonarios que contabilizó la FEB con motivo de la celebración en 2014 de la Copa del Mundo a través de patrocinadores y mecenas. Según se detalla en la liquidación del campeonato, que consta en las actuaciones judiciales, la celebración de esta cita supuso unos ingresos de 44.411.783,59 euros y unos gastos de 41.352.445,80 euros, lo que arroja un superávit de 3.059.337,79 euros.

En un auto fechado el pasado 22 de febrero, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid detalló que indagaba en el destino de más de 18,64 millones de euros -cantidad mayoritariamente relacionada con movimientos realizados con motivo de la celebración de la Copa del Mundo en 2014- ante la sospecha de que una parte de este dinero ha podido desaparecer. El instructor ha pedido el auxilio judicial de una técnico de la Agencia Tributaria, cuyo trabajo será determinante para concluir si hubo delito fiscal.

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