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El Comité de Bioética observa explotación de derechos en la maternidad subrogada

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El Comité de Bioética observa explotación de derechos en la maternidad subrogada
La maternidad subrogada es ilegal en España

El Comité de Bioética propone un marco regulatorio internacional que prohíba la gestación subrogada

Resumen:

El Comité de Bioética de España quiere promover un marco común regulatorio a nivel internacional que prohíba la gestación subrogada – los vientres de alquiler – “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.

El organismo analiza en un informe los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica y que compara la práctica con la donación de órganos por el “alto riesgo de explotación” que conlleva.

El informe entiende que las parejas que acceden a la maternidad a través de un vientre de alquiler lo hacen “a costa de los derechos de otras personas”. El comité destaca que algunos de los expertos entienden que la gestación subrogada entraña una explotación a la mujer y otros que, aún entendiendo que podría regularse para garantizar esos derechos, “no ven una fórmula en el contexto actual”, recoge.

El informe reclama “dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad”.

Para los ya celebrados, el Comité opta por que se asegure “una transición segura” que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

 

El Comité de Bioética de España quiere promover un marco común regulatorio a nivel internacional que prohíba la gestación subrogada – los vientres de alquiler –  “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”. El organismo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado un documento ‘Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada’, en el que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica y que compara la práctica con la donación de órganos por el “alto riesgo de explotación” que conlleva.

El informe entiende que las parejas que acceden a la maternidad a través de un vientre de alquiler lo hacen “a costa de los derechos de otras personas”. El comité destaca que algunos de los expertos entienden que la gestación subrogada entraña una explotación a la mujer y otros que, aún entendiendo que podría regularse para garantizar esos derechos, “no ven una fórmula en el contexto actual”, recoge.

El informe compara la práctica con la donación de órganos por el “alto riesgo de explotación” que conlleva.

El informe reclama “dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad”.

 

Para los ya celebrados, el Comité opta por que se asegure “una transición segura” que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

El Comité ha elaborado el informe por la “preocupación” de la opinión pública

El informe, elaborado a iniciativa del propio Comité, se ha llevado a cabo “dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada”.

En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunque ofrece algunos criterios que orienten aquélla, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.

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